De confirmarse el fin abrupto de las subvenciones al uso de carbón nacional por parte de las centrales térmicas y a la producción de las empresas mineras, para finales de 2014, estaríamos asistiendo al fin inminente del sector en nuestro país y al golpe de gracia para nuestras comarcas mineras.
A través de esta medida, el gobierno del PP adelanta la fecha de muerte del sector que había sido anteriormente fijada en 2018 por el propio gobierno del PSOE de cuyo presidente, un leonés como el señor Zapatero, se hubiese esperado más compromiso en la defensa de los trabajadores del sector.
La acción conjunta de empresarios mineros y gobierno de un color y de otro, tras más de 20 años de planes mineros y más de 20.000 millones de euros en ayudas no hizo mella en el monocultivo del carbón, pero sí sirvió para incrementar las cuentas bancarias de unos y el poder de otros, cuando no de ambos, destruyendo, de paso, cualquier alternativa de desarrollo endógeno entre chantajes, amenazas y corrupción.
Queremos denunciar desde este Comité de Defensa, la actitud caciquil de los empresarios del carbón que, nuevamente, utilizan a los trabajadores como rehenes en su “conflicto” con el gobierno. El impago de nóminas junto con los cierres de los pozos Santa Cruz y Salgueiro, están llevando a las comarcas a la ruina y a los trabajadores a una situación económica penosa.
Queremos denunciar la actitud del PP y del PSOE como responsables principales de la situación. El PP está incumpliendo una partida, que ya recortó del plan del carbón firmado para 2006-2012, llevando el sector a la extinción. El PP está profundizando las políticas que el anterior gobierno del PSOE comenzó con el objetivo de liquidar la minería del carbón, y con ello el presente y el futuro de comarcas enteras. A esto hay que sumar que tanto PP como PSOE en ayuntamientos, diputación y CCAA, están dejando morir al carbón sin casi resistencia más allá de palabras de cara a la galería, por tanto también son cómplices de la situación.
Es por ello que desde el Comité de defensa civil exigimos la paralización de los cierres del pozo Santa Cruz y Salgueiro y el pago íntegro de las nóminas en el menor tiempo posible a los trabajadores. En este sentido, exigimos al gobierno que de los fondos pendientes por abonar se haga cargo del pago de la nómina a los trabajadores.
Exigimos un plan del Carbón integral para el nuevo periodo que contemple los siguientes elementos:
-La apuesta por el carbón autóctono procedente de la minería de interior como recurso energético estratégico durante el periodo de transición hacia energías renovables limpias, como alternativa al consumo de otros combustibles fósiles y la puesta en marcha de mecanismos de captura y almacenamiento de CO2. En este sentido denunciamos el cierre encubierto de la Ciudad de la Energía en Ponferrada.
-La creación de una auditoría que examine como se han gastado los fondos MINER y de las ayudas a la producción, depurando responsabilidades en los casos en los que se demuestre malversación tanto por parte de los empresarios como de los poderes públicos.
-La creación de un plan estratégico que asumiendo la necesidad de la iniciativa pública cree un fuerte tejido productivo industrial, para poder garantizar la reconversión de las comarcas mineras y la salida de la crisis económica.
-La nacionalización y control social de la minería, como recurso energético y estratégico fundamental para ir tendiendo a la soberanía energética en nuestro país y garantizar el futuro de nuestra comarca.
El gobierno del PP quiere imponer un cambio brutal en el modelo productivo sin consultar ninguno de los interlocutores sociales. Pretende desmantelar la minería de interior en su totalidad, ampliando las explotaciones a cielo abierto cuya supuesta rentabilidad económica sólo es a costa de un elevado coste ambiental y de la explotación de sus trabajadores. Exigimos la restauración de los cielos abiertos por parte de las empresas sean efectivos y que se incluya en los costes de explotación.
Defendemos que los trabajos de todas las empresas deben contar con los mismos derechos, pasando todos los trabajadores al epígrafe de minería y contemplando la silicosis como enfermedad profesional, también en las explotaciones a cielo abierto.
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